Este primero de marzo se cumplen 11 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) estableció el Día de la Cero Discriminación. Su objetivo fue eliminar todas las formas de discriminación y promover el derecho de cada persona a tener una vida digna independientemente de su sexo, edad, discapacidad, edad, idioma, etnia o cualquier otra razón.
Entre las poblaciones que han sido víctimas de discriminación están las personas con discapacidad y las personas mayores. Las primeras, dice el Banco Mundial, tienen más probabilidades de experimentar dificultades y barreras para acceder a la educación, la salud, al empleo y a vivir en la pobreza.
Esta situación se ve reflejada en el día a día cuando, por ejemplo, en el transporte público no hay facilidad de acceso, los semáforos no tienen una señal sonora (para personas ciegas), no se pueden activar los subtítulos en la pantalla de la televisión, no existen alternativas de empleo y la educación es segregada. El Banco Mundial señala que 15% de la población en el mundo (1.000 millones de personas) tienen algún tipo de discapacidad.
Algo similar viven las personas mayores que, como consecuencia de los prejuicios y las percepciones negativas asociadas a la edad, son discriminadas y sus derechos a la educación, la salud, los servicios básicos, la vivienda y la política son limitados.
Según cifras de la Misión Colombia Envejece, una investigación viva, dos de cada tres personas analfabetas en Colombia son mayores de 60 años y solo el 15,2% de las personas mayores alcanzó un nivel de educación superior. Ver infografía dando clic aquí.
“La edad con la discapacidad conforma un binomio en el que la realidad y los estereotipos se entremezclan para reforzarse mutuamente y provocar tratamientos adversos y perjuicios concretos, hasta el punto de admitirse que la edad tiene algo de discapacitante”, dice la publicación ‘La discriminación de las personas mayores en el ámbito laboral’, de la Fundación HelpAge International España.
Protección social, herramienta para eliminar la exclusión
Ante esta situación, la protección social juega un papel muy importante. Por medio de esta se promueve el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las poblaciones más vulnerables. En el caso de Colombia, el documento ‘Protección social inclusiva para la niñez con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe: Marco regional’, de UNICEF y Dialogo Interamericano, se ha visto reflejado un incremento del presupuesto destinado a la protección social, registrándose un crecimiento de 4% a 5%.
En Latinoamérica y el Caribe, aunque se han presentado avances, todavía falta mucho para alcanzar una protección social universal, inclusiva e integral, por cuanto la asistencia social se convierte en una barrera. “Aunque en su momento, desarrollar servicios para las personas con discapacidad significó un avance importante para el reconocimiento de sus derechos, actualmente esta visión rehabilitadora y asistencial es una barrera para garantizar la calidad de los servicios que recibe esta población”, explica el documento.
El país avanza en política pública
Colombia está avanzando con las políticas públicas inclusivas para estas poblaciones. Por ejemplo, se adhirió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos delas Personas Mayores, que es un instrumento internacional de derechos humanos dirigido especialmente a este grupo poblacional, que incluye directrices de política pública para dar prioridad a los temas de envejecimiento y vejez en los diferentes países que la adoptan.
En la práctica esto significa que Colombia debe seguir promoviendo, protegiendo y asegurando el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas mayor, sin excepciones, a fin de contribuir a su plena inclusión y participación en las distintas esferas sociales”, dice Rossana Cuervo Botero, coordinadora de Programas de las Fundación Saldarriaga Concha.
En cuanto a las personas con discapacidad y otras que sufren discriminación, en 2023 la Presidencia de la República firmó la Directiva 01 con el objetivo de promover un ambiente libre de violencias y discriminación en el ámbito laboral.
Esta directiva establece un protocolo para la prevención, atención y protección de todas las formas de violencia contra las mujeres (como económica, psicológica, emocional, física o sexual), y basadas en género (violencia de poder y desigualdad por razones de género) y/o discriminación por razón de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual o discapacidad, y demás razones de discriminación en el ámbito laboral y contractual del sector público. De igual forma, para lograr la participación efectiva de la mujer en las diferentes instancias de la administración pública. Ver protocolo dando clic aquí
Entre las medidas de prevención que establece el protocolo está la identificación de las conductas constitutivas de violencia, la difusión de las rutas de atención de quejas o denuncias y la promoción de campañas sobre el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres.
Además de esta norma interna, Colombia ha firmado otras convenciones internacionales que buscan la protección social como son: