Tribunales, juzgados, comisarías y notarías ya no tendrán excusas para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad, pues el Ministerio de Justicia ha trazado la ruta que deben seguir para asegurar un trato digno, no discriminatorio y que garantice los derechos de estos colombianos.
“Históricamente se ha asumido que las personas con discapacidad, principalmente cognitiva o psicosocial, no pueden tomar decisiones relevantes. Pero estas personas deben ser tenidas en cuenta en calidad de sujetos procesales, testigos e intervinientes del proceso judicial. Además deben ser reconocidas como ciudadanos en ejercicio pleno de todos sus derechos”, afirmó la Viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos Serrano.
Este compromiso fue ratificado con la presentación de la nueva Guía de atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y la firma de dos acuerdos de voluntades entre el Ministerio de Justicia, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
La alta funcionaria señaló que estos instrumentos -que se pusieron a disposición de la administración de justicia- permitirán una mejor atención y participación de las personas con discapacidad y un reconocimiento más efectivo de sus derechos. Enfatizó que por este propósito es esencial que la nueva cartilla sea conocida e interiorizada por la Rama Judicial, los órganos de control, las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales y los particulares que administren justicia.
“No podemos continuar modelos que invisibilizan, anulan y subestiman a las personas con discapacidad”, señaló la Viceministra Ramos y continuó: “Todos nuestros esfuerzos deben orientarse a reconocer la esencia individual y diversa de cada ser humano, y brindar todas las condiciones para potencializar sus talentos, identificar sus fortalezas, respetar su voluntad y aceptar sus preferencias, en particular si se trata de una persona con discapacidad”.
La Guía contiene entre otros: Orientaciones precisas para la aceptación de la diversidad funcional, el respeto por la diferencia, el estímulo a la participación de las personas con discapacidad en las actuaciones de justicia y la eliminación de barreras. Además, incluye la correcta terminología a ser empleada con esta población, para así eliminar el lenguaje discriminatorio, estereotipado y victimizante.
En los acuerdos, que también se firmaron, el Ministerio de Justicia se comprometió, a capacitar a jueces y magistrados del país para que conozcan más el trato que deben tener frente a esta población; la Unión Colegiada del Notariado Colombiano se trazó como objetivo sensibilizar y capacitar a quienes prestan sus servicios en las notarías y acondicionar los centros notariales para que sean incluyentes y accesibles a personas con discapacidad; y la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” hizo el compromiso de incorporar en los programas de formación promovidos por la Escuela un componente transversal de discapacidad.
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Consulte también la Guía para Entidades Públicas Servicio y Atención Incluyente.