La población con discapacidad tiene mayores brechas en la trayectoria educativa que las personas sin discapacidad. Las limitaciones desde el acceso y la posterior realización de trayectorias educativas completas de la población con discapacidad tienen efectos negativos sobre su futuro. La privación de la educación, o parte de ella, durante su niñez, adolescencia y juventud va en detrimento de su desarrollo integral, oportunidades y calidad de vida.
La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) de 2020 muestra que 55% de las personas con discapacidad reportan como máximo nivel educativo la básica primaria en comparación con 33% de las personas que no tienen discapacidad.
En cuanto al analfabetismo, 82,3% de las personas con discapacidad reportan saber leer y escribir y 94,9% de las personas sin discapacidad manifiestan tener dicha competencia.
Con respecto a educación superior, 17 de cada 100 personas con discapacidad alcanzan la educación superior (técnica profesional, tecnológica, universitaria o posgrado); en comparación con 24 de cada 100 personas sin discapacidad que llegan a este nivel educativo.
Hay retos
“Si bien el país ha avanzado en cuanto al acceso de la población con discapacidad a la educación, tenemos como sociedad grandes retos que requieren de la articulación de diferentes sectores para lograr trayectorias educativas completas para todas las personas y una educación que garantice que nadie se quede atrás. Una educación de calidad debe ser inclusiva”, afirma Lina María Aristizábal, Líder de educación de la Fundación Saldarriaga Concha.
Los datos, los retos y las sugerencias para fortalecer la educación inclusiva están en el informe ‘La educación en Colombia para la población con discapacidad: realidades y retos’, de la Fundación Saldarriaga Concha y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Los investigadores de las organizaciones analizaron información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Que nadie se quede atrás
El informe permite concientizar a la sociedad colombiana sobre la importancia de la educación inclusiva y de las instituciones educativas como espacios esenciales para promover la valoración y respeto por la diversidad. Asimismo, busca proveer información que oriente las políticas educativas dirigidas a garantizar la inclusión y a brindar mayores oportunidades para la población con discapacidad, con el propósito de que nadie se quede atrás.
“En suma, la población con discapacidad tiende a registrar menor escolaridad que la que no tiene alguna discapacidad… Las limitaciones desde el acceso y la posterior realización de trayectorias educativas completas de la población con discapacidad tienen efectos negativos sobre su futuro”, dice Gloria Bernal, Codirectora del LEE de la Javeriana.
En este contexto, los investigadores de este estudio dan algunas recomendaciones, a saber:
- Fortalecer programas para reducir las brechas de acceso y permanencia de las personas con discapacidad, en los diferentes niveles educativos, de modo que se garanticen trayectorias educativas completas. Para esto, es importante que las secretarías de educación actualicen y sigan los objetivos propuestos en sus Planes de Implementación Progresiva, ya que dicha herramienta marca la ruta y ayuda a identificar las principales barreras en cada territorio.
- Fomentar estrategias para promover el retorno a la educación de aquellas personas con discapacidad que dejan los estudios.
- Generar propuestas entre salud y educación para promover la detección temprana, el fortalecimiento de la oferta domiciliaria – hospitalaria y la adecuación de entornos educativos para contar con los apoyos requeridos, la accesibilidad y la inclusión.
- Promover propuestas pedagógicas flexibles para la alfabetización de las personas con discapacidad, apoyadas en el uso de ayudas técnicas y tecnológicas.
- Avanzar en la caracterización y el reporte de las personas con discapacidad en los sistemas de información nacional.
- Fortalecer la comunidad docente e incrementar el personal de apoyo pedagógico, así como los recursos e infraestructuras educativas que permitan los aprendizajes y la participación de las personas con discapacidad.