Desde hace ocho años Colombia tiene un Modelo de Inclusión Laboral de personas con discapacidad. Su propósito ha sido contrarrestar la exclusión que enfrenta este grupo de la población en el ámbito empresarial. Durante este tiempo, el modelo no solo ha dejado impactos positivos en el país también ha logrado internacionalizarse. 

El Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad, liderado por la Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Corona entre otras organizaciones, fue el encargado de darle vida a esta hoja de ruta que busca enfrentar una situación desafiante para la región.

En el caso de Colombia, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2021 solo 21,9 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar participó en la fuerza laboral, en comparación con el 63,6 % de las personas sin discapacidad.

La incidencia del Programa y su Modelo ha sido tanto a nivel empresarial como político. Por ejemplo, Pacto de Productividad participó en el articulado de la Ley Estatutaria 1618 de 2013, que se generó a favor de los derechos de las personas con discapacidad. Ahora está haciendo parte de la construcción de la política pública de discapacidad en Colombia.

Igualmente, acompañó al Servicio Público de Empleo a diseñar sus políticas de atención a grupos de personas vulnerables, entre estos a personas con discapacidad.

En 2016 apoyó para sacar adelante la primera política institucional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) relacionada con atención a personas con discapacidad. “El SENA tenía aún muchas brechas por cerrar y debía organizar y planear mejor la atención a personas con discapacidad”, explica Elsy Rodríguez, coordinadora del Proyecto Pacto de Productividad Chile.

A nivel empresarial hay algunos casos representativos como el de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que desde 2017 ha recibido el acompañamiento de Pacto de Productividad, gracias a lo cual hoy tiene una cultura organizacional más inclusiva.

Así mismo, desde 2021, el Banco de Bogotá ha sido acompañado y asesorado por este programa en su proceso para la adecuada inclusión laboral de personas con discapacidad.

“Pacto de Productividad y Fundación Corona fueron los líderes de los diferentes espacios de formación y asesoría. Realizaron un trabajo grandísimo de diagnóstico a nivel banco en cuanto a las instalaciones y procesos, también se hizo una encuesta para conocer la percepción de la discapacidad”, dice Laura Durán, analista diversidad e inclusión del Banco.

Su internacionalización

Actualmente, el Modelo Territorial está siendo acogido por Chile para ajustarlo a su realidad e implementarlo, de manera inicial, en la región Metropolitana de Santiago de Chile.

Este es un gran paso hacia la meta que tiene el Modelo de posicionarse en Latinoamericana para mejorar los procesos de inclusión en estos países.  

Desde 2018 el programa ha hecho presencia a nivel internacional. Algunos actores sociales de Nicaragua, Bolivia y Honduras han recibido sus capacitaciones; sin embargo, Chile es la iniciativa más representativa.

El Modelo se puede aplicar a cualquier territorio. Contiene lineamientos y herramientas que ayudan a mejorar las condiciones para la contratación de personas de este grupo de la población, por medio de la oferta de servicios y del fortalecimiento del ecosistema de la inclusión laboral.

La experiencia en Chile

Pacto de Productividad Chile cuenta con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – capítulo de Chile- y de otros aportantes. Gracias a esto, y a la iniciativa de la Fundación Descúbreme, se tomó la decisión de formar a un equipo base para crear el proyecto que inició su ejecución en 2020. Este equipo y todo el proceso es acompañado por Pacto de Productividad (Colombia).

“Durante cuatro años, el equipo de Chile va a recibir transferencia de conocimientos desde Colombia, para ir implementando acciones puntuales en todo el territorio. Con esto, lograr mejores procesos de inclusión laboral e ir cambiando poco a poco la realidad de las personas con discapacidad que quieren vincularse a un trabajo en el sector empresarial”, dice Rodríguez.

Durante 2020 se hizo un mapeo en el país para saber cómo estaba en temas de inclusión. En 2021 se capacitaron a los diferentes actores del ecosistema: entidades públicas relacionadas con inclusión laboral, gremios, empresas, organizaciones de personas con discapacidad, movimientos asociativos, oficinas de empleo, empresas privadas que ofrecen servicios de intermediación. Este año, las empresas están empezando a implementar acciones orientadas por el Modelo.

“Lo más importante es generar un aporte al ecosistema de la inclusión aquí en Chile que, aunque lleva varios años de desarrollo, no está maduro. Es importante articular a todos los actores, tanto públicos como privados, y esa es una de las características del proyecto”, dice Ingrid Rojas, gerente Proyecto BID Pacto Productividad Chile.

Rojas explica que pesé a que Chile ha derribado algunos mitos y barreras, le falta mucho por avanzar a nivel inclusión no solo en cuanto a personas con discapacidad, sino también a personas vulnerables, migrantes, mujeres, etc.

Metas

Las metas del Proyecto Pacto de Productividad Chile son varias y exigentes. Entre estas, está: tener 600 empresas que hayan recibido información y orientación sobre el Modelo, hasta la fecha hay alrededor de 200; contar con 1.600 personas capacitadas con discapacidad, por medio de las organizaciones de formación para el trabajo que han sido preparadas por Pacto de Productividad, va aproximadamente 20 % de la meta; e incluir un total de 2.000 personas, va cerca del 50 % de la meta.

En relación con las buenas prácticas hay algunas empresas, organismos de formación e intermediación, que vienen implementando elementos del Modelo colombiano, pero aún es temprano para destacar algunas. “Es un proceso de largo aliento. Mas bien puedo decir que estamos en el camino correcto”, agrega Rojas.

Avances

Como aportes del Proyecto en Chile, vale la pena resaltar dos frentes de acción que desarrollan como parte de sus componentes:

El primero es un ejercicio de evaluación de impacto de la Ley de Inclusión 21015, que se está trabajando con la Universidad Católica de Chile. Los resultados estarán a final de este año. Esto es importante teniendo en cuenta que la información en Chile está muy segregada, entonces será una contribución importante.

El segundo está relacionado con innovación y tecnología a favor de la inclusión laboral, que consiste en apoyar tres iniciativas, provenientes de distintas partes del mundo, para aportar a la productividad de las personas con discapacidad en los ambientes de trabajo. En este momento están terminando su pilotaje.

Una iniciativa es una plataforma de búsqueda de empleo que introduce un algoritmo que permite hacer ‘match’ entre el perfil comportamental de las personas con discapacidad y lo que busca el empleador.

La segunda es de una organización india, que está orientada a herramientas de autoaprendizaje para personas ciegas.

La última es de la Fundación Once de España que permite generar, a través de una impresora 3D, dispositivos para fortalecer los puestos de trabajo de personas con discapacidad.

La legislación en Chile

En cuanto a legislación, ese país cuenta con la Ley 21015 de 2018 que obliga a las empresas a tener el 1 % de su planta con personas con discapacidad. En septiembre de este año, se implementará la Ley 21275 que les exige a las empresas tener un experto en inclusión.

“No es suficiente, pero ayuda a que las empresas se vinculen a estos temas, a que tomen conciencia, se capaciten y alineen a sus colaboradores. En ese sentido, el rol de Pacto de Productividad es acompañar a estos actores. La esencia del modelo es la articulación entre actores y dejar capacidad instalada. Justamente en el mapeo nos dimos cuenta de que una necesidad importante era esta articulación entre los distintos actores”, concluye Rojas.