La Fundación Saldarriaga Concha (FSC) realizó una intervención ciudadana a petición de la Corte Constitucional, quien requirió del concepto técnico de la Fundación sobre el alcance del derecho a la igualdad y al trabajo de las personas con discapacidad al prestar sus servicios como soldados profesionales.
La intervención se hizo en el marco de un proceso en el que la Corte Constitucional se encuentra examinando la constitucionalidad de varios artículos del Régimen de Carrera y Estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares (Decreto 1793 de 2000) que permiten el retiro temporal y definitivo de las fuerzas militares de los soldados que ven disminuidas sus capacidades psicofísicas.
En la intervención presentada por la FSC se apoyaron las pretensiones de la demanda y se solicitó a la Corte que declare la inconstitucionalidad de las normas objeto de la revisión, pues vulneran derechos fundamentales de las personas con discapacidad, como lo son la igualdad y el trabajo.
Los miembros de la fuerza pública han sido especialmente afectados por el uso de las minas antipersonas (MAP) y las municiones sin explotar (MUSE), tal y como lo evidencia una reciente investigación adelantada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Fundación Prolongar, y que contó con el apoyo técnico y financiero de la FSC. Más del 60% de las víctimas totales del país son de la fuerza y pública y al no ser un arma generalmente letal (más del 80% de las víctimas sobrevivieron), deben asumir sus vidas con las secuelas físicas y psicosociales que se derivan del daño producido por este tipo de violencia. La intervención le planteó a la Corte este contexto y recalcó la necesidad de fortalecer la protección constitucional a estas personas.
Las normas demandas son inconstitucionales porque omiten la obligación que tiene el Estado de efectuar los ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan acceder en condiciones de igualdad a oportunidades sociales como el derecho al trabajo. De esta manera, se argumentó a la Corte que las normas son discriminatorias en un doble sentido: establecen directamente una exclusión de los soldados en razón de la discapacidad y, por otra parte, no generan los ajustes razonables que permitirían la protección de sus derechos constitucionales.
Por estas razones, se solicitó a la Corte Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de las normas demandas, para que estas salgan del ordenamiento jurídico colombiano y se proteja el derecho a la igualdad y al trabajo de las personas con discapacidad.
A través de su área de incidencia la Fundación Saldarriaga Concha pone al servicio de los jueces, y en especial de la Corte Constitucional, su conocimiento y capacidad técnica para lograr superar las barreras que discriminan, excluyen y vulneran los derechos de las personas mayores y de las personas con discapacidad.