Educación Inclusiva libro 5: Fortalecimiento del sector público. Educación con igualdad de oportunidades
Garantizar y promover la educación inclusiva es una responsabilidad del Estado a través de políticas, leyes y modelos de gestión pública, tanto en lo nacional como en lo local (Moreno, 2011).
Por esta razón, y teniendo en cuenta que la educación inclusiva es una realidad que se está posicionando como prioridad en los ambientes académicos y políticos de la educación, se hace necesario fortalecer los espacios de discusión y de encuentro, de manera que, tal y como lo plantea Barton (2008), los actores relevantes del proceso educativo trabajen en la definición de las políticas de inclusión aumentando su concreción en normatividad y en prácticas cotidianas.
Más que ser una cuestión marginal, relativa a cómo algunos estudiantes pueden ser integrados en el sistema educativo formal, el modelo de educación inclusiva busca transformar los sistemas educativos y los entornos de enseñanza y de aprendizaje para dar respuesta a la diversidad de los educandos.
Una educación de calidad es entonces una educación que cuenta con la realidad de la diversidad, la atiende y la promueve, desde la organización que hace el Estado de todos los procesos educativos hasta la acción pedagógica en el aula, contando con todos los mecanismos democráticos que garanticen los derechos de cada estudiante y promuevan su participación social (Eroles y Ferreres, 2005).
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