Colombia y el mundo cuentan con diversas normas y políticas que promueven el goce efectivo de los derechos humanos de las personas mayores; sin embargo, una cosa es lo que se establece en el ‘papel’ y otra lo que sucede en la práctica.

Así lo aseguran expertos en atención a esta población cuando se les pregunta por el tema a propósito del mes del Adulto Mayor, establecido en 1982 por la Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en el caso de Colombia por la Ley 271 de 1996. Según esta norma, el último domingo del mes de agosto debe celebrarse el Día Nacional de las Personas de la Tercera Edad y del Pensionado.

“El reto es aterrizar las políticas en una oferta de servicios y productos que cumplan con esas políticas. Además, desde la fundación consideramos que debe haber un cambio de percepción cultural sobre las personas mayores, si esto no sucede es difícil que se destinen los recursos necesarios para ejecutar estas políticas y para generar estos productos y servicios”, explica María Claudia Santos, coordinadora general de la Fundación Arturo y Enrica Sesana.

Entre las herramientas están la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan para la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, proclamado por la ONU.

A nivel nacional, desde 2007 se cuenta con la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez que ha sido actualizada varias veces, la más reciente actualización se hizo este año (2022 – 2031), mediante el Decreto 681 de 2022.

Esta política ha empezado a abarcar diferentes temas como educación, cuidado, pensión y trabajo, al tener en cuenta que el envejecimiento y la vejez van más allá de la salud.

“Esta política está mucho más dirigida a la población de mayor vulnerabilidad e intenta hacer un ejercicio más fuerte alrededor de la intersectorialidad. Tiene varias cosas interesantes como: el Observatorio de Envejecimiento y Vejez, el incremento en el número de personas que atiendan la población mayor y el Consejo Nacional de Personas Mayores (CNPM). Ahora, uno de los grandes retos que tenemos para este nuevo Gobierno es la legislación y la acción de este documento”, explica Lina González, líder de Salud y Bienestar en la Fundación Saldarriaga Concha.

Para Santiago López Zuluaga, científico social, aunque la política está muy completa tiene usos asistenciales, lo cual no está mal, pero debe trascender hacia apuestas más propositivas y afirmativas con respecto a las personas mayores en el país.

El experto considera que esto es consecuencia de la falta de información en Colombia del estado actual del envejecimiento y la vejez. “Es difícil porque los datos no están construidos como una representatividad para esta población. Por eso es tan importante la Misión Colombia Envejece, permite ver datos e identificar características de las personas mayores”, afirma.

Más información para mejorar el tratamiento

Santos también considera que falta conocimiento sobre esta población y por ello es por lo que se tiene una mirada básicamente asistencialista acerca del tratamiento que debe dársele.

“Tenemos mucho conocimiento sobre las necesidades, enfermedades y vulnerabilidad de las personas mayores, pero falta información sobre sus intereses, habilidades y capacidades. Si queremos cambiar la percepción no podemos partir solo de sus necesidades, sino que tenemos que conocer a esta población a nivel integral. La generación de conocimiento es un tema fundamental y que este conocimiento parta de esta mirada positiva y no solo desde la mirada asistencialista, que es la que hemos tenido hasta ahora”, afirma la coordinadora General de la Fundación Arturo y Enrica Sesana.

Para esta fundación es fundamental que cuando se aterrice la política pública se respete la diversidad de las personas mayores, ya que no todas tienen los mismos objetivos. Por ejemplo, algunas quieren emprender, otras desean trabajar o estudiar, algunas prefieren vivir en una institución y otras más quieren quedarse en casa. Leer sobre emprendimiento en personas mayores.

“La acumulación de experiencias que tienen las personas mayores es diversa. Es un componente interesante para tenerlo en cuenta en el momento de operativizar esta política pública y para la oferta de productos y servicios que puedan dirigirse a esta población ahora y como sociedad en un futuro”, asegura.

En su concepto tener todas estas claridades permitirá dar un correcto posicionamiento al envejecimiento y la vejez, lo cual incluye toma de decisiones y destinación de recursos. Dice que precisamente esta situación fue la que visibilizaron personajes de la vida social, cultural y económica del país cuando hicieron la “revolución de las canas”, durante el aislamiento que les obligaron hacer por la pandemia.

La salud en las políticas

Si bien la salud no debe ser el único tema en las políticas dirigidas a adultos mayores, los expertos señalan que es un tema relevante debido a que en esta etapa son más frecuentes la existencia de enfermedades crónicas. Además, muchas de las personas están en condición de discapacidad de tipo cognitivo, visual, motor, etc. Por eso, se debe promover en ellas el cuidado de la salud y garantizarles entornos saludables.

“El artículo 12 de la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores de la OEA, de la cual la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez hace eco, establece que las personas deben tener servicios de cuidado a largo plazo por la alta frecuencia de enfermedades crónicas. Además, derecho a la salud física y mental, sin ningún tipo de discriminación. Así como derecho a la recreación, esparcimiento y deporte enfocado en mejorar su salud y calidad de vida”, explica Gabriel Fernando Torres Ardila, coinvestigador del capítulo de Salud de la Misión Colombia Envejece 2022.

Torres pone sobre la mesa otro tema y es que las políticas no solo deben enfocarse en tratar las enfermedades de los adultos mayores, también deben promover el cuidado de la salud, los hábitos de vida saludable y el bienestar social durante toda la vida para que haya personas longevas, pero con mayor calidad de vida. Una persona joven que no se cuida en el futuro será un adulto con mayor carga de enfermedad.

“Es importante que la política busque nuevos mecanismos de implementación para hacer realidad lo que está planteando en la Convención, pero todavía hay un largo camino por recorrer”, dice el investigador.

Finalmente, llama la atención sobre la necesidad de contar con personal especializado y entrenado para el cuidado de personas mayores.

Para tener en cuenta

• El Consejo Nacional de Personas Mayores (CNPM), creado mediante el Decreto 163 del 2021, es el organismo que tiene la misión de coordinar el desarrollo y la ejecución de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez.
• La ley 2040 de 2020 reconoce el nuevo concepto que se tiene en el mundo sobre la vejez y la necesidad de dar autosuficiencia económica al adulto mayor al impulsar en las empresas, con reducción de impuestos, la contratación de personas mayores que no tienen pensión. En uno de sus artículos crea el Sello Amigable Adulto Mayor, que identifica a las empresas que incorporan dentro de su planta laboral a estas personas que hayan cumplido la edad de pensión.